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Dublín, que basa buena parte de su modelo económico en la competencia fiscal, da el sí en la víspera de una reunión clave de la OCDE para pulir los detalles del pacto.

Irlanda dio su brazo a torcer, no sin antes imponer una condición importante. Dublín ha anunciado este jueves por la noche su adhesión al acuerdo fiscal internacional acordado en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, el think tank de los países ricos) con el objetivo de aplicar un gravamen global del 15% sobre los beneficios de las multinacionales. Eso sí, las autoridades irlandesas han logrado retirar la mención que abría la puerta a que ese porcentaje fuese solo un mínimo de tributación y que abría la puerta a subirlo en el futuro.

El acuerdo, alcanzado en julio por casi 140 países de todo el mundo, trata de evitar que las empresas de gran tamaño, en su mayoría tecnológicas, establezcan su sede fiscal en países de baja tributación a pesar de obtener el grueso de sus ganancias en otras geografías. Exactamente el modelo que muchos de estos gigantes habían seguido con Irlanda.

Un impuesto mínimo global del 15% duplicaría la carga fiscal de las mayores multinacionales.

“Sumarse a este acuerdo es una decisión importante para la próxima etapa de nuestra política industrial. Es una decisión que asegurará que Irlanda es parte de la solución respecto al futuro marco fiscal internacional”, ha subrayado en un comunicado el ministro de Finanzas irlandés y actual presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe. Acto seguido, el Ejecutivo comunitario ha celebrado un acuerdo que, en palabras del comisario de Economía, Paolo Gentiloni, supone un “paso trascendental y enormemente positivo en los esfuerzos colectivos para construir un sistema tributario más justo y estable”.

La decisión llega la víspera de que la OCDE, a la que pertenece Irlanda, ultime en una reunión virtual los detalles del pacto. Y a tres semanas vista de la cumbre de Roma, en la que se espera que los jefes de Estado y de Gobierno de los 38 miembros del club validen el texto, que debería entrar en vigor antes de 2023.

Tras el sí de Irlanda —que acoge en su territorio a más de un millar de multinacionales tecnológicas, financieras o farmacéuticas, entre ellas Pfizer, Intel, LinkedIn, IBM o Twitter—, solo quedan dos países de la Unión Europea por dar su visto bueno al texto: Estonia, que ha visto florecer en los últimos años un buen número de empresas de corte digital, y Hungría, que alardea de tener el impuesto de sociedades más bajo del bloque y cuyo Gobierno, encabezado por Viktor Orbán, mantiene un pulso permanente con Bruselas en varios frentes.

15% a secas y garantías de Bruselas

Irlanda, que en las dos últimas décadas se ha valido de una fiscalidad baja para atraer a grandes empresas ―sobre todo de origen estadounidense, como Apple, Google o Facebook— y lograr así que estableciesen su base europea de operaciones en su territorio, explica que no suscribió el acuerdo en verano porque el texto inicial proponía un tipo de impuesto de sociedades de “al menos el 15%”. Habiendo logrado hacer desaparecer esa coletilla, Irlanda se blinda frente a futuras reformas. “Algunos países querían mayores tipos fiscales mínimos y creo que nuestra posición ha moderado esas ambiciones en el contexto de un acuerdo y consenso amplio”, aplaude Donohoe en la nota, en la que confía en mantener su vitola de “destino atractivo” para las empresas.

La UE, además, habría garantizado a Dublín que la directiva que traspondrá el pacto global a la legislación comunitaria —y, por tanto, también a la de la isla— será “fiel” al acuerdo y “no irá más allá del consenso internacional”. El coste de sumarse al pacto será de unos 2.000 millones de euros al año para el fisco irlandés, una cantidad significativa en términos absolutos pero bastante más discreta en términos relativos: supone poco más de un 2% de los ingresos públicos totales del año pasado. “Aunque es un coste significativo para el erario, creo que habernos quedado fuera del acuerdo hubiera sido peor”, remarca el titular de Finanzas. No obstante, estas cifras difieren de los datos publicados en mayo por las propias autoridades irlandesas según las cuales hasta el 80% de los ingresos fiscales de la isla provienen de un centenar de compañías extranjeras.

Las empresas que facturan menos de 750 millones al año, excluidas.

Irlanda, no obstante, seguirá utilizando todos los resquicios posibles en beneficio propio. Así, Dublín asegura sin tapujos que mantendrá su actual impuesto de sociedades (12,5%, uno de los más reducidos del mundo, el segundo más bajo de toda la UE solo por detrás de la citada Hungría y casi 10 puntos por debajo de la media comunitaria) para las empresas que facturan menos de 750 millones de euros al año, tal como le permite el acuerdo. Esto supone no subir ni un céntimo la factura fiscal de algo más de un millar de compañías que dan empleo a 1,8 millones de personas en suelo irlandés. La competencia desleal frente al resto de socios europeos seguirá existiendo, pero a una escala notablemente menor.

Además de la presión ejercida por la Unión Europea y el Reino Unido, el Gobierno de Irlanda temía que el país pudiera verse aislado en la comunidad internacional si no aceptaba las nuevas normas fiscales. Un rechazo al acuerdo, ha reconocido, hubiese rebajado “su influencia de cara a las discusiones clave que tendrán lugar en los próximos meses”. Un sí forzado, pero en el que Irlanda ha conseguido imponer una línea roja: el mínimo global no podrá ir más allá del 15%.