En general, la política fiscal se asocia a tres dimensiones: i) los efectos macroeconómicos (crecimiento y estabilización de la economía); ii) la provisión de bienes y servicios públicos (producción de planes, políticas y programas públicos), y iii) los potenciales efectos distributivos (generación de transferencias inter- e intrageneracionales). Entre los distintos componentes de la política fiscal se encuentran los ingresos y los gastos públicos, el balance fiscal (superávit o déficit) y la senda óptima (gestión) de la deuda pública. Sin embargo, la política fiscal también está estrechamente relacionada con la institucionalidad fiscal que, en múltiples oportunidades, restringe y condiciona la calidad y profundidad de la política fiscal.
La institucionalidad fiscal es una de las cuatro dimensiones de las finanzas públicas que es necesario considerar en la sostenibilidad fiscal, además de las sendas de ingresos, los gastos públicos y la economía política fiscal. La institucionalidad fiscal puede dividirse en tres áreas: i) la responsabilidad fiscal, que en general se consagra a través de la modernización de las leyes de administración financiera del Estado, que en algunos casos incluye la creación de reglas fiscales, fondos de estabilización y nueva regulación fiscal; ii) la transparencia fiscal, que se concreta mediante iniciativas de información y participación en la rendición de cuentas y el desarrollo de la política fiscal como la información del ejecutivo al Congreso, y iii) la administración fiscal, que incluye la administración presupuestaria (presupuestos por resultados, presupuesto de mediano plazo y otros), la administración tributaria (política tributaria y reforma tributaria), la gestión financiera de la deuda pública y las entidades asesoras de la administración fiscal.